En diciembre de 1974, durante la administración Oduber se promulga la ley de desarrollo social y asignaciones familiares con el objetivo de combatir a la pobreza, por medio del financiamiento de programas que permitan llegar a tal objetivo, procurando una equitativa distribución de la riqueza en el país. Esta ley contempla la creación del régimen de pensiones no contributivas para proteger a todos los costarricenses y extranjeros residentes legales del país, así como a las personas menores de edad, quienes, a pesar de carecer de una condición migratoria regular en el territorio nacional, se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema (necesidad de amparo económico inmediato) y que no califican en alguno de los regímenes contributivos o no contributivos existentes, según las condiciones que se establecen en este Reglamento.
Esta régimen de pensiones es administrado por la CCSS. En 2012, durante el segundo gobierno de Oscar Arias, varían los márgenes de dichas pensiones con el fin de que la persona en necesidad extrema pueda recibir un monto mas digno.
Hace un par de semanas, se publicita la noticia de que esas pensiones, que reciben 140 mil costarricenses, podrían reducirse, de 82 mil colones por mes, a 68 mil colones por mes, producto de una decisión del Ministerio de Hacienda de reducir el monto asignado para el pago de esas pensiones. Todavía el presupuesto de la República no ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa, donde encontrará sin duda la oposición en este y otros rubros (como la disminución de dinero para la construcción de viviendas de extrema necesidad, o la del Ministerio de Educación).
Via Socialdemócrata
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