Welmer Ramos González
El crédito conocido como “gota a gota” es solo una modalidad de la usura, agravado en cuanto a los métodos usados para el cobro, y ha hecho muy bien la Asamblea Legislativa en penalizar fuertemente el delito de la amenaza, la intimidación o la agresión a las personas, sin socavar la pena por los cobros abusivos por créditos.
Pero la usura y la modalidad de ésta, llamada “gota a gota”, son llevadas a cabo por logreros que se aprovechan de la calamidad de las personas, de la ignorancia en asuntos financieros, o de la presión psicológica para extorsionarlas cobrándoles tasas de interés desmedidas, sin ninguna relación con el costo del dinero; sobreendeudando a grandes sectores de la sociedad y sometiéndolos a condiciones ruinosas, haciendo que prácticamente trabajen para pagar solamente los intereses de sus deudas, sin poder salir de ellas nunca.
Las diferencias entre los usureros y los prestamistas del gota a gota, son exclusivamente los métodos de cobro, pero ambos tienen como objetivo explotar financieramente a las víctimas. Los “usureros formales” cobran mediante los tribunales quitándoles a las víctimas sus pocos activos: casas, autos, lotes; por una pequeña fracción del valor real mediante remates amañados o haciendo que fiadores incautos deban asumir las cuentas usureras y pagarlas. El gota a gota, que también es usura, tiene en su forma de cobro la intimidación y la amenaza a la vida del deudor. No obstante, usura y el gota a gota son crímenes, y así lo consigna la Convención Americana sobre Derechos Humanos que obliga a los países a penalizar los préstamos abusivos.
La promulgación de la Ley contra la Usura, dio un primer paso para castigar penalmente a los prestamistas del gota a gota, ya que ahora se le puede condenar con solo demostrarles que cobran tasas de interés por encima de las máximas de ley; antes era necesario demostrar la agresión física o psicológica que es a veces complicado. Más aun, el Proyecto de Ley que está en proceso legislativo para sancionar el cobro intimidatorio y extorsivo viene justamente a fortalecer la legislación actual, sin debilitar el abuso en el cobro de intereses.
Tampoco es cierto que haya habido exclusión financiera alguna consecuencia de la vigencia de la Ley contra la Usura, vergonzosamente la SUGEF emitió un panfleto en el que señaló que en el 2020, los entes financieros habían recogido 136.000 tarjetas de crédito y que eso coincidía con la promulgación de la ley, lo que nunca dijo la SUGEF, es que fue la Pandemia del COVID-19, la que generó la pérdida de 500.000 empleos, el cierre de miles de pymes, una estrepitosa caída en el PIB del 3,5%; y que al perder la gente el ingreso, los tarjeteros les retiraron los plásticos. No obstante, las cifras muestran un incremento de 577.000 tarjetas de débito en el periodo abril 2020 a abril 2023, lo que significa que no hubo ninguna exclusión financiera, pues la gente a la cual los emisores de tarjetas les retiraron el crédito, siguieron teniendo acceso a los servicios financieros por medio de las tarjetas de débito y cuentas de ahorro.
Ni siquiera se percató la SUGEF de los múltiples estudios del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE y de diversas investigaciones de prestigiosas universidades, respecto a los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre las finanzas de los consumidores y la enorme contracción en la demanda de créditos en general ocurrida en el mundo entero en el 2020, sino que irresponsablemente se lo atribuyó a una ley que ha tenido efectos sumamente beneficiosos para los consumidores financieros.
La presión porque se permita la usura siempre estará presente y los prestamistas de esta modalidad argumentarán que las altísimas tasas de interés son la única manera de prestarle a las personas de menores ingresos, y que los más pobres pueden comer gracias a los préstamos usureros; lo cual es falso a todas luces.
Sobre los costos de prestar dinero el Banco Central da cifras precisas y reveladoras que vale la pena exponer. Al mes de enero del 2024, la tasa de interés promedio que cobra el sistema financiero es de 13,5% y el costo total de intermediar es 4,01 puntos porcentuales1, esto es que los entes financieros en promedio tienen costos administrativos, financieros, por morosidad, y todos los demás costos, que llegan a 4,01% del dinero que prestan; siendo así ¿por qué querer cobrar tasas superiores al 40% a los más pobres? Llevando al extremo los costos de prestar, en un estrato de máxima morosidad y con costos de cobro incrementados, la tasa de interés llegaría como máximo al 24%, con la que podrían atender a esa población, generando ganancias muy altas para los prestamistas (actualmente muchos países de OCDE tienen tasas de interés máximas inferiores al 24%).
Pero la presión porque se permitan tasas sin límite existe, e incluso hay presentados varios proyectos de ley que reiteran que para ayudar a la inclusión de las mujeres y los más pobres es necesario permitir a los prestamistas formales e informales (gota a gota incluido) cobrar tasas de interés efectivas prácticamente sin límite. Y es que, antes de la promulgación de la Ley contra la Usura (20 de junio del 2020), era común encontrar créditos a tasas de interés anuales del 240%, del 120% o del 80%, etc., esclavizando a los deudores por dondequiera. La ley aprobada estableció dos topes que hoy se ubican 38,5%, para todas las tarjetas de crédito y los créditos que superen los ¢693.000, y una tasa de 54,4%, para los microcréditos, que permite sancionar con claridad a quien pretenda cobrar más de eso. Pero este nuevo orden no es del agrado de algunos prestamistas usureros que tratan, de todas maneras, de dejar sin efectos los alcances de esa ley.
Cuantificaciones de la plaga de la usura (incluido el gota a gota) realizadas en el proceso de trámite de la Ley Nº. 9859, determinaron que el crédito a tasas de interés mayores a las que fijó la nueva normativa ascendía a unos ¢4,0 billones y que la tasa media cobrada estaba 25 puntos porcentuales por encima de las tasas fijadas, así el sobrepago que realizaban los más pobres superaba el ¢1 billón anualmente, 2% del PIB. Siendo que esos recursos ya están colocados, una liberación hoy de las tasas de interés permitiría a los prestamistas volver a capitalizar ese abuso en contra de los deudores, por lo que es un “negocio que hace frotarse las manos” a un sector importante de prestamistas; pero quienes han de pagar esas tasas son los más empobrecidos de la sociedad. Esto explica en buena medida la brutal concentración del ingreso que ocurrió en Costa Rica2, la debilidad de la economía interna y el adelgazamiento, cada vez mayor, de la clase media.
Son tan buenas las condiciones de rentabilidad para los prestamistas de crédito para consumo que, hoy vivimos un acoso crediticio impresionante a través de mensajes de whatsapp, redes sociales, llamadas telefónicas, pegatinas en paredes y postes, etc. ¿Cuántas veces a usted le han llamado para decirle que tiene préstamos personales y de consumo preaprobados? que basta una orden y se los depositan; pero ¿cuántas veces le han ofrecido, de la misma manera, un crédito para emprendimientos productivos o para vivienda? Nunca.
Y es que la usura al permitir tasas elevadas distorsiona los incentivos que mueven a los prestamistas, generando excesos de ofertas crediticias para actividades de gasto superfluo y, consecuentemente, reducen los recursos disponibles para actividades productivas o de compra de vivienda, lo que podría estar generando burbujas financieras con consecuencias desastrosas, en caso de que se materialicen los riesgos.
Que el 40% se la población que labora en Costa Rica este manchada en el Centro de Información Crediticia (CIC) de maneja SUGEF, que el 50% de las familias con deudas corresponden a préstamos consumo en los entes financieros, almacenes de electrodomésticos, o vehículos, que el 26,1% de los hogares con deudas estén sobre endeudados, debería ser preocupación y objeto de acciones de la SUGEF y del CONASSIF, pero parecen volver la cara y disimular el problema. Y siguen permitiendo una enorme laxitud a los entes financieros en la medición de capacidad de pago de los deudores.
De otra manera, ese millón de costarricense que el sistema financiero tiene manchados, son los que tienen que recurrir a las opciones de crédito informal y del llamado gota a gota y no al revés, como lo quiere hacer ver la SUGEF y algunos “prestamistas abusivos”. Ahora, penalizar con fuerza el cobro extorsivo en una medida correcta adicional contra el crimen de la usura.
Además, otro de los incentivos perversos que genera la usura en el mercado financieros, es que promueve las actividades extractoras de riqueza y no las actividades generadoras riqueza; el aporte de los usureros a la generación de bienestar es ínfimo comparado con el precio que cobran a la sociedad, esto ha sido entendido a través de la historia de la humanidad y por eso su accionar logrero ha tenido regulación legal.
En Costa Rica los primeros esfuerzos para frenar el crédito usurero se remontan a Don Juanito Mora, quien pretendió crear un banco estatal para sacar a los agricultores de entonces de las manos de los usureros, y eso le costo la vida, posteriormente Don Alfredo González Flores en 1914, se atrevió y creó un banco estatal con el fin de emitir al menos los billetes y monedas que usaba el país, de nuevo los usureros le dieron un golpe de Estado; fue hasta el 21 de junio de 1948, que Don Pepe, al frente de la Junta Fundadora de la Segunda República, decretó la nacionalización de la banca costarricense, con el fin de que el ahorro de la ciudadanía se usara para fomentar la producción, el buen vivir y abolir la usura. Muchas vueltas ha dado la legislación bancaria desde entonces y permitió de nuevo el surgimiento de la cizaña usurera, por eso el 20 junio del 2020, se promulgó la Ley Contra la Usura, Nº 9859, con el voto favorable de 50 legisladores y solo 2 en contra.
Hoy una vez más hay que cerrar filas para rechazar los embates de quienes quieren de nuevo legalizar la injusta usura. Y debemos de celebrar que esta Asamblea Legislativa aumente las penas a los usureros que aplican el cobro intimidatorio, conocido como el gota a gota.
Economista
1 https://bit.ly/3wCUfkN
2 Sigue ocurriendo en menor medida, pues las tasas aún son muy altas.
Comentario recientes